Y LOS DESAFÍOS PARA SU RECONSTRUCCIÓN

Alberto Amanzo – Sociólogo

Documento de trabajo

Índice

1. El movimiento vecinal de los años 80: organización, reivindicación y fuerza social

2. Un movimiento que venía de décadas de acumulación

3. La ruptura silenciada: el impacto de la lucha armada interna (1980-2000)

4. Los cambios de los años 90: ajuste estructural, despidos masivos y transformación institucional

5. La otra cara de la liberalización: mercantilización del suelo y crecimiento del tráfico de tierras

6. De la movilización colectiva a la fragmentación

7. El impacto del neoliberalismo sobre el tejido organizativo

8. El problema de la renovación dirigencial

9. De la fragmentación a la pérdida de horizonte

10. Pero el movimiento vecinal no ha muerto

11. ¿Qué hacer para reconstruir el movimiento vecinal?

12. Una nueva etapa: del movimiento reivindicativo al movimiento ciudadano por el derecho a la ciudad

Fuentes citadas

1. El movimiento vecinal de los años 80: organización, reivindicación y fuerza social

Durante las décadas de 1970 y 1980, el movimiento vecinal constituyó uno de los principales actores sociales de las ciudades populares del Perú. En Lima, particularmente, las organizaciones vecinales de los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, barrios y urbanizaciones populares alcanzaron una importante capacidad de movilización, representación y presión frente al Estado y los gobiernos municipales.

Su fuerza no provenía solamente del número de pobladores, sino de su capacidad de organización alrededor de reivindicaciones colectivas y de alcance general. Entre sus principales demandas se encontraban el reconocimiento y formalización de la propiedad, el acceso al agua potable y alcantarillado, la electrificación, la apertura y mejoramiento de vías, la construcción de escuelas, puestos de salud y locales comunales, el transporte público, la creación de espacios públicos, la seguridad frente a desalojos y el reconocimiento de los asentamientos por parte del Estado y las municipalidades.

La lucha por el título de propiedad tenía entonces una importancia estratégica: la seguridad jurídica sobre el terreno era percibida como condición fundamental para consolidar el barrio y avanzar hacia servicios, infraestructura y equipamiento. Pero reducir el movimiento vecinal de esa época a la lucha por la propiedad sería insuficiente. Su principal característica era que las reivindicaciones particulares de cada barrio podían convertirse en demandas colectivas de toda la población popular: el agua de un asentamiento podía convertirse en una lucha por el agua para todos los pueblos jóvenes; la titulación de un barrio, en una demanda nacional. Existía una combinación de organización territorial, reivindicación social, identidad colectiva y acción política.

Sustento: Este capital organizativo territorial es documentado en detalle por Gustavo Riofrío y Julio Calderón Cockburn desde sus trabajos con CENCA/DESCO en los años 80, y en el estudio de caso de Degregori, Blondet y Lynch, Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos en San Martín de Porres (IEP, 1986), que reconstruye precisamente ese tránsito de «invasores» a «ciudadanos organizados» mediante la lucha colectiva por servicios. Calderón Cockburn, en La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX (UNMSM, 2005) y en «Los barrios marginales de Lima, 1961-2001» (Ciudad y Territorio, 2003), confirma que la organización vecinal —tanto territorial como funcional— constituía un capital social que ningún proyecto de desarrollo de la época podía pasar por alto.

2. Un movimiento que venía de décadas de acumulación

El movimiento vecinal de los años 80 no surgió espontáneamente. Sus dirigentes y organizaciones eran resultado de varias décadas de experiencias de lucha, organización comunitaria y construcción territorial. Desde mediados del siglo XX, las migraciones hacia Lima y el crecimiento de las barriadas dieron origen a nuevas formas de organización popular: los pobladores tuvieron que organizarse para ocupar y defender terrenos, construir viviendas, gestionar servicios y negociar con el Estado. En ese proceso se formaron dirigentes con experiencia en organización comunitaria, negociación con autoridades, movilización, elaboración de pliegos de demandas, articulación entre barrios, administración de organizaciones y resolución de conflictos.

Por ello, el movimiento vecinal de los 80 contaba con un capital organizativo, político y cultural acumulado durante décadas. No era solamente una suma de juntas vecinales: existía conciencia de que los problemas del barrio formaban parte de problemas estructurales de la ciudad y de la sociedad.

Sustento: El origen remoto de este proceso se encuentra en la política estatal de «unidades vecinales» de los años 40-60 (gobierno de Belaúnde, Corporación Nacional de Vivienda), que resultó insuficiente frente a la migración masiva y dio lugar a las primeras invasiones organizadas (Leticia en el cerro San Cristóbal, cerro San Cosme). El plan de 35,000 viviendas nunca se completó, y ese déficit habitacional se convirtió en la crisis estructural que explica el surgimiento de la organización vecinal autogestionaria de las décadas siguientes (fuente: estudios de historia urbana de Lima, Dialnet/UNIRIOJA; Kahatt, 2019, sobre las unidades vecinales).

3. La ruptura silenciada: el impacto de la lucha armada interna (1980-2000)

Antes de llegar a la transformación neoliberal de los 90, es necesario detenerse en una ruptura que suele quedar en segundo plano en los relatos sobre el movimiento vecinal, pero que fue decisiva: el conflicto armado interno golpeó directamente al tejido organizativo barrial, no solo al campesino.

Sendero Luminoso no se limitó a ejercer violencia genérica sobre las organizaciones vecinales: buscó infiltrarlas y cooptarlas para destruir el proyecto de autogestión popular —de raíz izquierdista— que representaban, y cuando no logró controlarlas, asesinó a sus dirigentes. El caso paradigmático documentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) es el de Villa El Salvador, donde el PCP-SL intentó copar la CUAVES, la APEMIVES y la FEPOMUVES, y llegó a atentar contra dirigentes vecinales, autoridades locales y el propio ex alcalde Michel Azcueta. El Estado, a su vez, respondió con estrategias de control territorial (comités de autodefensa, presencia militar) que también transformaron —y en muchos casos militarizaron— la vida organizativa de los barrios.

El resultado documentado por la CVR es contundente: el debilitamiento y la desarticulación de las dirigencias vecinales, el miedo como factor disuasivo de la participación, y una «ausencia de liderazgo» y «ausencia de participación» que, según testimonios recogidos hacia 2002, se mantenía años después de terminado el conflicto. A esto se suma el desplazamiento forzado hacia Lima de decenas de miles de familias —en 1993, el 38.8% de la población limeña era migrante—, lo que alteró la composición social de los barrios receptores y generó, además, nuevas organizaciones (de desplazados) con una relación distinta, más precaria, con el Estado y con el propio movimiento vecinal preexistente.

Esta ruptura es crucial para el diagnóstico porque antecede y se combina con la transformación neoliberal descrita en la siguiente sección: el movimiento vecinal llega a los años 90 ya debilitado por una década de violencia política, lo que probablemente explica por qué no logró oponer resistencia organizada al desmontaje institucional que vino después.

Sustento: CVR, Informe Final, Tomo V, «2.16 La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador»; Tomo VIII, «Explicando el conflicto armado interno»; IDEHPUCP, «Las organizaciones sociales durante el proceso de violencia» (documenta el patrón de asesinato selectivo de dirigentes barriales, sindicales, magisteriales y de organizaciones de mujeres); Anthropologica (PUCP, 2018), sobre organizaciones de desplazados en Lima; Revista Memorias (Ministerio de Cultura), «Organización popular en medio de la crisis», que cruza explícitamente conflicto armado y crisis económica de los 80 en la dinámica de comedores populares y organizaciones vecinales; Degregori, Tiempos de ira y amor: nuevos actores para viejos problemas (DESCO, 1990).

4. Los cambios de los años 90: ajuste estructural, despidos masivos y transformación institucional

Durante la década de 1990 se produjo una profunda transformación del modelo económico, político e institucional del país, marcada por las políticas neoliberales, la reducción de funciones del Estado, la privatización de empresas públicas, la expansión de mecanismos de mercado y una creciente individualización de las relaciones sociales.

Conviene precisar cuán drástico fue este quiebre. El «Fujishock» de agosto de 1990 y el posterior Programa de Ajuste Estructural (PAE) de 1991 no fueron solo un ajuste de precios: el propio diseño del paquete —según describe Héctor Béjar— incluyó la reducción de la protección arancelaria, la anulación de subsidios a la exportación, la reprivatización de 174 empresas públicas, el cierre de los bancos de fomento, el despido masivo de empleados estatales y, de forma explícita, la reinstauración del mercado de tierras. Es decir: el ajuste económico, los despidos masivos y la liberalización del suelo urbano no fueron procesos paralelos sino componentes del mismo paquete de política.

El costo social fue severo: el consumo de los hogares en Lima cayó 25% y más de un millón de trabajadores perdieron su empleo; el desempleo y subempleo pasó de 81.4% en 1990 a 87.3% en 1993, y el sector informal creció de 45.7% a 57% entre 1990 y 1992. En ese mismo periodo, según la lectura de Ricardo Pajuelo, las protestas y movilizaciones sociales prácticamente desaparecieron de la escena peruana —un dato que confirma, desde la economía política, lo que este diagnóstico plantea desde la sociología de las organizaciones: el vacío de acción colectiva coincide exactamente con el momento de mayor impacto social del ajuste.

En materia urbana, el cambio institucional fue igual de significativo. En 1996, el Decreto Legislativo 803 creó COFOPRI (Comisión de Formalización de la Propiedad Informal), que centralizó la titulación fuera de las municipalidades, bajo la hipótesis —de raíz «desotiana»— de que el título generaría por sí mismo acceso a crédito formal y mejora de las condiciones de vida. Entre 1996 y 2000 se entregó más de un millón de títulos a nivel nacional (645,165 solo en Lima). Sin embargo, la evidencia posterior mostró que la entrega del título no implicaba la provisión de servicios básicos —agua, luz, pistas, veredas— ni condiciones adecuadas de habitabilidad; se llegaron a titular incluso zonas de riesgo no mitigable, como en Chosica. En la práctica, el proceso de urbanización se invirtió: en vez de planificación → ocupación → servicios, pasó a ser ocupación → titulación individual y administrativa → autoconstrucción progresiva de servicios, cada familia por su cuenta.

Esto tuvo una consecuencia política central para el movimiento vecinal: cuando el acceso a la propiedad y, progresivamente, a ciertos servicios dejó de depender de una lucha colectiva y pasó a canalizarse mediante trámites administrativos individuales (COFOPRI, programas sectoriales, gestiones municipales puntuales), se debilitó el principal mecanismo que permitía articular a los pobladores en torno a una agenda común. La demanda colectiva empezó a transformarse en una suma de gestiones individuales o barriales.

Sustento: IEP, «El shock económico» (con la cita de Héctor Béjar sobre el contenido integral del paquete de 1990); Federico Dejo Soto, El shock agosto ’90: cuando los ajustes económicos causan más desajustes sociales (síntesis de la investigación METRIC sobre el impacto social del shock en Lima Metropolitana); Ricardo Pajuelo, «Perú: crisis política permanente y nuevas protestas sociales» (OSAL/CLACSO); GRADE, Reformas estructurales y bienestar: una mirada al Perú de los noventa; Lincoln Institute of Land Policy, estudios sobre la política de registro predial de COFOPRI y su relación (débil) con el acceso a crédito y mejora de condiciones de vida, con base en ENAHO 1998-1999; Manuel Lozada, «Incentivando la informalidad» (El Comercio), sobre la desconexión entre titulación y servicios, incluido el caso de Chosica.

5. La otra cara de la liberalización: mercantilización del suelo y crecimiento del tráfico de tierras

La «reinstauración del mercado de tierras» mencionada en el paquete de 1990 no fue un dato menor ni transitorio: marcó un cambio estructural de largo plazo en la forma de acceso popular al suelo en Lima, que resulta clave para entender la fragmentación actual del movimiento vecinal.

Durante buena parte del siglo XX, el patrón dominante de acceso al suelo fue la invasión organizada de tierras públicas, seguida —con distintos grados de éxito— de la titulación estatal. A partir de los años 90, y con mayor fuerza en el siglo XXI, ese patrón fue parcialmente reemplazado por submercados informales de compraventa de lotes. Las cifras son elocuentes: de las cerca de 19,000 hectáreas en que creció Lima (descontando vías y equipamiento), un 43% fue apropiado por invasión, apenas 9% por venta formal y un 48% por economía informal —es decir, casi la mitad del crecimiento urbano de la ciudad se dio mediante venta ilegal de lotes—. Entre 2001 y 2018, la expansión de Lima se dio en un 91% por mecanismos ilegales, con las transacciones mercantiles ya pesando más que las no mercantiles. Hoy, el 93% del nuevo suelo urbano del país es informal.

Este cambio tiene una implicancia directa sobre el sujeto popular organizado: ya no se trata solo del «poblador invasor» que se organiza colectivamente para defender y consolidar un terreno tomado, sino, cada vez más, del comprador informal de un lote, cuyo vínculo con el barrio está mediado por una relación mercantil y, con frecuencia, clientelar con quien controla el negocio de la venta: el llamado «traficante de tierras» o «urbanizador pirata». La literatura reciente sobre el distrito de Ate distingue entre un «traficante político», capaz de generar intercambio de recursos con la municipalidad para lograr servicios para «su» barrio, y un «traficante económico», que no genera esas condiciones —lo cual explica por qué barrios con perfiles socioeconómicos y geográficos similares terminan con niveles de urbanización informal radicalmente distintos.

Esta es, probablemente, la variable que mejor explica el «tráfico de terrenos» que el propio diagnóstico posterior identifica como uno de los problemas actuales que enfrentan las familias populares: no es un fenómeno marginal o delictivo aislado, sino un negocio estructurado —muchas veces con vínculos municipales— que ha capturado parte de la función que antes cumplía la dirigencia vecinal autogestionaria, y que hoy compite con ella, la sustituye o la coopta.

Sustento: Julio Calderón Cockburn, La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX (2005/2016), Mercado de tierras urbanas, propiedad y pobreza (Lincoln Institute, 2006) y «Titulación de la propiedad y mercado de tierras» (EURE, 2011); Espinoza y Fort (2020), citados como fuente cuantitativa de referencia sobre mecanismos de expansión urbana de Lima; «De invasores a compradores. Mercantilización del suelo en la Lima…» (EURE/Redalyc); «La venta de suelo comunero en Lima, 1990-2022» (Estudios Demográficos y Urbanos/Redalyc); Debates en Sociología N° 61 (PUCP, 2025), sobre la tipología de «traficante político» vs. «traficante económico» en Ate; Global Journal of Human-Social Science, «Tráfico de Tierras en Áreas Periurbanas de Lima, Perú»; El Comercio, «Planificadas y sistemáticas: se agudizan invasiones al sur de Lima» (con declaraciones de Álvaro Espinoza, GRADE, sobre el carácter organizado y lucrativo del negocio).

6. De la movilización colectiva a la fragmentación

Este cambio institucional —desacople entre titulación y lucha colectiva— coincidió con un proceso mucho más amplio: la crisis económica, el desempleo, la precarización laboral, la informalidad, la reducción de espacios de participación política, la crisis de organizaciones sociales y políticas y el debilitamiento de las grandes estructuras de representación popular afectaron profundamente al movimiento vecinal. Y, como se vio en la sección 3, todo esto ocurrió sobre un tejido organizativo ya debilitado por una década de violencia política.

Las organizaciones no desaparecieron, pero perdieron capacidad de articulación y de convocatoria masiva. Muchas juntas vecinales comenzaron a concentrarse exclusivamente en los problemas inmediatos de su territorio: conseguir una obra, gestionar un servicio, resolver un conflicto, obtener un programa social o negociar con una autoridad. Se produjo así una progresiva transición: de la reivindicación general a la gestión particular; de la acción colectiva a la gestión individual o barrial; de la organización permanente a la organización coyuntural; de la visión de ciudad a la preocupación por el territorio inmediato.

No se trata de afirmar que todos los dirigentes vecinales hayan perdido compromiso o capacidad. Por el contrario, en miles de barrios han continuado existiendo dirigentes honestos y organizaciones activas. El problema es que esas organizaciones dejaron de contar con un espacio común capaz de articular sus demandas y convertirlas en una agenda política de ciudad y de país.

7. El impacto del neoliberalismo sobre el tejido organizativo

La transformación económica y social de los años 90 también modificó la propia composición de los sectores populares. El trabajador organizado de décadas anteriores fue progresivamente sustituido, en buena medida, por un trabajador informal, independiente, eventual o precarizado —proceso que, como se detalló en la sección 4, tiene cifras concretas: la informalidad laboral limeña pasó de 45.7% a 57% en apenas dos años tras el shock de 1990—. La vida cotidiana comenzó a estar marcada por la búsqueda individual de ingresos, la sobrevivencia familiar y la competencia por oportunidades.

Esta situación tuvo consecuencias directas sobre la organización social: el tiempo disponible para participar disminuyó, la confianza en las instituciones y organizaciones políticas se deterioró, y la participación comenzó a depender cada vez más de resultados concretos e inmediatos. En este contexto se desarrolló un nuevo tipo de relación entre dirigentes, población y autoridades, en la que la gestión, el acceso a recursos y la solución de necesidades inmediatas adquirieron mayor peso que la construcción de proyectos colectivos de transformación. Es en este escenario —reforzado, como se vio, por la lógica del «dirigente-traficante» en el caso específico del suelo— donde aparece una nueva generación de dirigentes vecinales.

8. El problema de la renovación dirigencial

Los nuevos dirigentes no necesariamente carecen de voluntad o compromiso; muchos han asumido responsabilidades en condiciones mucho más difíciles que las de generaciones anteriores. Sin embargo, existe una diferencia importante: el movimiento vecinal de las décadas anteriores había tenido la posibilidad de acumular experiencias de organización, movilización, negociación y formación política durante largos procesos colectivos. Las nuevas generaciones encontraron, en cambio, un movimiento fragmentado, debilitado por la violencia política y por el ajuste estructural, y sin una estructura articuladora de alcance metropolitano o nacional.

Por ello, uno de los problemas centrales no es simplemente la falta de dirigentes, sino la falta de un proceso sistemático de formación y renovación dirigencial. Sin formación política, conocimiento de la ciudad, capacidad de análisis, manejo de políticas públicas y comprensión de los procesos económicos y sociales, las organizaciones corren el riesgo de limitarse a administrar las necesidades existentes sin construir una perspectiva de transformación.

9. De la fragmentación a la pérdida de horizonte

Durante las últimas décadas, esta situación se ha profundizado. El movimiento vecinal continúa existiendo, pero se encuentra disperso en miles de organizaciones territoriales, muchas de ellas sin conexión entre sí: juntas vecinales, organizaciones de vivienda, asociaciones de pobladores, comités de parques, organizaciones de mujeres, ollas comunes, organizaciones juveniles, colectivos ambientales y diversas formas de organización territorial.

El problema es que la existencia de muchas organizaciones no significa necesariamente la existencia de un movimiento social articulado. La fragmentación territorial se combina con la fragmentación de intereses: cada organización puede tener una agenda legítima, pero si no existe una plataforma común, las reivindicaciones permanecen aisladas. A ello se agrega el riesgo del utilitarismo político: organizaciones convocadas principalmente durante procesos electorales, dirigentes utilizados como intermediarios para conseguir beneficios puntuales, y pobladores considerados más como electores que como ciudadanos organizados. El resultado es una pérdida progresiva de autonomía, capacidad de propuesta y horizonte estratégico.

10. Pero el movimiento vecinal no ha muerto

Esta conclusión es fundamental. El movimiento vecinal no ha desaparecido; lo que se ha debilitado considerablemente es su capacidad de articulación política general. Las necesidades que le dieron origen siguen presentes, aunque han cambiado de forma. Hoy las familias populares enfrentan nuevos y antiguos problemas: déficit de vivienda, alquileres elevados, hacinamiento, informalidad urbana, falta de agua y saneamiento, ocupación de zonas de riesgo, falta de títulos y seguridad jurídica, tráfico de terrenos, precariedad de las viviendas, falta de equipamiento urbano, inseguridad ciudadana, déficit de áreas verdes, contaminación, transporte deficiente, falta de empleo, deterioro ambiental, cambio climático y riesgos frente a desastres, y desigualdad en el acceso a la ciudad.

Es notable —y este diagnóstico lo confirma con datos— que el tráfico de terrenos no sea hoy un problema anecdótico sino, como se detalló en la sección 5, un negocio estructurado que explica buena parte de la desigualdad actual entre barrios en el acceso a servicios. En otras palabras: las razones objetivas para organizarse siguen existiendo, y algunas —como el propio tráfico de tierras— son directamente el resultado de las transformaciones institucionales descritas en este documento. Lo que hace falta es reconstruir la capacidad de convertir esas necesidades dispersas en una agenda colectiva de derechos urbanos y sociales.

11. ¿Qué hacer para reconstruir el movimiento vecinal?

El desafío actual no consiste en intentar regresar mecánicamente al movimiento vecinal de los años 80: las condiciones sociales, económicas, tecnológicas y políticas han cambiado. La tarea es construir un nuevo movimiento vecinal para el siglo XXI, recuperando lo mejor de la experiencia histórica y articulándolo con las nuevas necesidades de la población.

1. Pasar de la organización por obra a la organización por derechos. La organización no debe aparecer solamente cuando existe una obra que gestionar; debe organizarse alrededor de derechos: a la vivienda, al agua, a la ciudad, a la seguridad, a un ambiente saludable, al transporte, al espacio público y a participar en las decisiones sobre la ciudad.

2. Construir una agenda común. Los problemas de cada barrio deben convertirse en problemas de todos: agua + saneamiento + vivienda + seguridad + transporte + espacios públicos + titulación + protección ambiental = Agenda Vecinal de Lima. Una agenda común puede volver a conectar organizaciones que hoy trabajan de manera aislada.

3. Crear espacios permanentes de articulación territorial. Desde el barrio hacia niveles mayores (barrio → comuna → distrito → Lima Metropolitana → nivel nacional), no necesariamente mediante una estructura rígida sino mediante redes, coordinadoras y plataformas permanentes.

4. Formar una nueva generación de dirigentes. Con contenidos en derechos urbanos, políticas públicas, presupuesto público, gestión municipal, vivienda, saneamiento, gestión del riesgo, cambio climático, legislación urbana, participación ciudadana, comunicación, herramientas digitales, liderazgo, negociación y análisis político. El dirigente del siglo XXI necesita pasar de ser solamente gestor de demandas a convertirse también en constructor de propuestas y actor político.

5. Recuperar la autonomía. Las organizaciones vecinales deben relacionarse con partidos, municipalidades, gobiernos y empresas, pero sin convertirse en instrumentos de ninguno de ellos —lo cual exige, en particular, blindar a la dirigencia vecinal de la lógica del «traficante político» descrita en la sección 5, que captura la organización a cambio de servicios puntuales.

6. Incorporar a las nuevas generaciones. : jóvenes, mujeres, profesionales, trabajadores independientes, emprendedores, estudiantes y nuevos liderazgos territoriales, usando las redes sociales y nuevas tecnologías como herramientas de organización y no solo de difusión.

7. Recuperar la dimensión política. El movimiento vecinal no debe limitarse a pedir obras; debe discutir qué ciudad y qué modelo de desarrollo se quiere para Lima y para el país, participando en los debates sobre presupuesto público, vivienda, suelo urbano, transporte, seguridad, servicios públicos, planificación territorial, medio ambiente, empleo, educación, salud y desarrollo económico. De esta manera, el movimiento vecinal puede recuperar su condición de sujeto político y social, y no solamente de beneficiario de políticas públicas.

12. Una nueva etapa: del movimiento reivindicativo al movimiento ciudadano por el derecho a la ciudad

El gran desafío es pasar de un movimiento que históricamente luchó por tener un lugar en la ciudad, a un movimiento que hoy luche por tener derecho a decidir sobre la ciudad. En los años 70 y 80 la lucha podía expresarse en: «Queremos un terreno, una vivienda, agua, luz, desagüe y título». Hoy debe incorporar una nueva dimensión: «Queremos una ciudad segura, integrada, sostenible, accesible y con vivienda digna; y queremos participar en las decisiones que determinan su futuro». Esta transformación permitiría conectar las luchas antiguas con las nuevas: la lucha por la vivienda continúa, pero ahora debe vincularse con el suelo urbano, el transporte, el ambiente, la seguridad, los servicios, el espacio público y la planificación de la ciudad.

El reto político

El movimiento vecinal puede volver a ser protagonista de la política y de la escena nacional si logra superar tres grandes obstáculos —fragmentación, inmediatismo y dependencia política (agravados históricamente, como se ha visto, por la violencia política de los 80-90, el ajuste estructural y la mercantilización del suelo)— y reemplazarlos por articulación, propuesta y autonomía. No se trata simplemente de recuperar la capacidad de movilización de los años 80, sino de construir una organización vecinal capaz de interpretar los nuevos problemas de la población, elaborar propuestas, formar dirigentes, articular territorios y disputar democráticamente las decisiones sobre la ciudad y el país.

El movimiento vecinal del futuro no debería ser solamente una organización que reclama ante el Estado; debe convertirse en un actor social capaz de proponer, fiscalizar, participar y ejercer ciudadanía.

Idea fuerza

El movimiento vecinal no necesita volver al pasado; necesita recuperar su capacidad histórica de organización y lucha para enfrentar los problemas del presente y construir una nueva propuesta de ciudad y de país.

De pobladores beneficiarios a ciudadanos organizados. De gestores de necesidades a constructores de propuestas. De organizaciones aisladas a un movimiento vecinal articulado. De la demanda local a una agenda de ciudad. De la fragmentación a la construcción de poder ciudadano.

Fuentes citadas

Conflicto armado interno

• Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), Informe Final, Tomo V, «2.16 La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador». https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20V/SECCION%20TERCERA-Los%20Escenarios%20de%20la%20violencia%20(continuacion)/2.%20HISTORIAS%20REPRESENTATIVAS%20DE%20LA%20VIOLENCIA/2.16%20LA%20BATALLA%20POR%20LAS%20BARRIADAS%20DE%20LIMA.pdf
• CVR, Informe Final, Tomo VIII, «Capítulo 1: Explicando el conflicto armado interno». https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/SEGUNDA%20PARTE/1.Explicando%20el%20conflicto%20armado%20interno/1.EXPLICANDO%20CONFLICTO%20ARMADO%20INTERNO.pdf
• IDEHPUCP, «Las organizaciones sociales durante el proceso de violencia». https://idehpucp.pucp.edu.pe/images/docs/las%20organizaciones%20sociales%20fimal.pdf
• Anthropologica (PUCP), «Recibir la reparación: aproximación a dos organizaciones de desplazados» (2018). https://doi.org/10.18800/anthropologica.201802.004
• Revista Memorias (Ministerio de Cultura), «Organización popular en medio de la crisis». https://revistas.cultura.gob.pe/index.php/memorias/article/download/548/641
• Degregori, C.I. (1990). Tiempos de ira y amor: nuevos actores para viejos problemas. Lima: DESCO.
• Degregori, C.I., Blondet, C. y Lynch, N. (1986). Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos en San Martín de Porres. Lima: IEP.

Ajuste estructural y despidos masivos

• IEP, «El shock económico» (con testimonio de Héctor Béjar). https://lineadetiempo.iep.org.pe/public/49/el-shock-economico
• Dejo Soto, F. El shock agosto ’90: cuando los ajustes económicos causan más desajustes sociales.
• Pajuelo, R. «Perú: crisis política permanente y nuevas protestas sociales», OSAL/CLACSO. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110307061339/5Pajuelo.pdf
• GRADE, Reformas estructurales y bienestar: una mirada al Perú de los noventa. https://www.grade.org.pe/upload/publicaciones/archivo/download/pubs/LIBROGRADE_REFORMASESTRUCTURALESBIENESTAR.pdf
• Lincoln Institute of Land Policy, estudios sobre COFOPRI y registro predial en base a ENAHO 1998-1999. https://www.lincolninst.edu/es/publications/articles/el-misterio-del-credito/
• Lozada, M. «Incentivando la informalidad», El Comercio.

Mercado de suelos y tráfico de tierras

• Calderón Cockburn, J. (2005/2016). La ciudad ilegal: Lima en el siglo XX.
• Calderón Cockburn, J. (2006). Mercado de tierras urbanas, propiedad y pobreza. Lincoln Institute of Land Policy.
• Calderón Cockburn, J. (2011). «Titulación de la propiedad y mercado de tierras». EURE, 37(111).
• Calderón Cockburn, J. (2003). «Los barrios marginales de Lima, 1961-2001». Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 35(136-137). https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/75397
• Espinoza, Á. y Fort, R. (2020), citados en la literatura reciente sobre expansión urbana de Lima.
• «De invasores a compradores. Mercantilización del suelo en la Lima…». https://www.redalyc.org/journal/357/35777173005/html/
• «La venta de suelo comunero en Lima, 1990-2022». https://www.redalyc.org/journal/312/31276072007/
• Debates en Sociología N° 61 (PUCP, 2025), tipología de «traficante político» vs. «traficante económico». http://www.scielo.org.pe/pdf/debsoc/n61/2304-4284-debsoc-61-14.pdf
• Global Journal of Human-Social Science, «Tráfico de Tierras en Áreas Periurbanas de Lima, Perú». https://globaljournals.org/GJHSS_Volume21/8-Trafico-de-Tierras-en-Areas.pdf
• El Comercio, «Planificadas y sistemáticas: se agudizan invasiones al sur de Lima».

Antecedentes históricos (unidades vecinales, urbanismo)

• Historia del urbanismo en Lima / unidades vecinales, Dialnet-UNIRIOJA.
• Kahatt, S. (2019), citada en estudios sobre las unidades vecinales de Lima 1945-1975.

Nota metodológica: se ha evitado la cita textual extensa de las fuentes; los datos y argumentos se presentan parafraseados y remitidos a la fuente original para su verificación y profundización directa.

Más allá de las urnas, el poder del pueblo está en su organización

La democracia burguesa atraviesa históricamente una profunda crisis, desde el año 1917 que, con el triunfo de la Revolución Socialista en la vieja Rusia Zarista, se abrió una nueva época en todo el mundo. Por ello, periódicamente en el mundo capitalista, y el Perú no es una excepción, se realizan reformas y “remiendos” legales destinados a sostener un sistema político funcional a los intereses del gran capital y del imperialismo, evitando que dicho modelo se derrumbe por completo.

Para muestra un botón, no siempre hubo eso de “primera vuelta” y “segunda vuelta”, procedimiento justamente para ocultar la crisis del sistema de representación de la democracia burguesa. Para no hablar del “voto preferencial”, que es la exaltación al individualismo, puntal de la ideología reaccionaria, y conlleva a la más encarnizada pugna no solo entre diferentes sino entre los mismos de un mismo bando, disque como libertad”

Así, en el actual proceso electoral del 12 de Abril: candidatos con una cantidad reducida de votos pasan a segunda vuelta, mientras que los votos blancos, viciados e incluso el ausentismo expresan un creciente rechazo ciudadano al sistema político. Cada cinco años la población es sometida a una representación electoral que, para muchos, termina siendo una verdadera farsa.

Las elecciones, en estas condiciones, no representan una democracia plenamente libre. El ciudadano está obligado a votar bajo amenaza de multa, mientras el poder económico mantiene una influencia decisiva sobre el Estado, el Congreso y gran parte de las instituciones.

En el actual escenario político, los votos blancos y viciados han superado el respaldo obtenido por los principales candidatos del 12 de abril. Esto evidencia una crisis de representación y una fuerte desconfianza popular hacia la clase política.

La segunda vuelta tampoco representa necesariamente una disputa entre capitalismo y socialismo, como algunos intentan presentar. Muchos ciudadanos no votan por convicción ideológica, sino por rechazo, miedo o identificación emocional con determinadas figuras políticas.

Por ello, el respaldo obtenido por algunos sectores políticos no necesariamente expresa apoyo a sus organizaciones o programas. En gran medida, una parte importante del electorado volvió a votar motivada por la figura de Pedro Castillo y no por JP o por Sánchez como proyecto político definido.

Al mismo tiempo, la corrupción, el oportunismo y la manipulación continúan dominando buena parte de la política nacional. La presencia de figuras cuestionadas refleja también la crisis moral y política de una sociedad profundamente golpeada por décadas de desigualdad y corrupción.

En ese contexto, surge una pregunta central: ¿qué es realmente el pueblo y cómo puede convertirse en una fuerza transformadora?

Mientras la clase trabajadora no desarrolle conciencia de su papel histórico y político, seguirá siendo vulnerable frente al poder económico, el oportunismo y las promesas pasajeras. La entrega de beneficios económicos o ayudas temporales no genera automáticamente conciencia social ni compromiso histórico.

La experiencia histórica del país demuestra además los riesgos del llamado “voto táctico”. Durante los años noventa, amplios sectores populares fueron empujados a votar contra FREDEMO bajo el argumento de enfrentar al enemigo principal. Sin embargo, posteriormente el país terminó bajo un régimen autoritario marcado por corrupción, mafias, violaciones de derechos y una profunda descomposición institucional cuyos efectos continúan hasta hoy.

Por ello, muchos consideran que el fujimontesinismo ha sido uno de los principales enemigos de la clase trabajadora y del desarrollo democrático del país. El temor al retorno de prácticas autoritarias y corruptas sigue presente en una parte importante de la población.

Sin embargo, tampoco existe confianza plena en otros sectores políticos que, en distintos momentos, terminaron alejándose de sus propuestas originales, pactando con grupos de poder o priorizando intereses particulares antes que los intereses populares.

La izquierda institucional, especialmente aquella integrada durante décadas a los espacios formales de representación política, también es cuestionada por haber terminado adaptándose al establishment sin resolver los problemas estructurales de la clase trabajadora. Mientras tanto, las desigualdades sociales, laborales y económicas continúan profundizándose.

En medio de este escenario, algunos sectores sostienen que la verdadera fuerza popular no reside únicamente en el voto, sino en la organización social, sindical y política de la clase trabajadora.

Por ello, plantean como alternativa la organización, la unidad y la movilización popular frente a lo que consideran una democracia representativa agotada y subordinada al gran capital.

Desde esta perspectiva, el debate no se reduce únicamente a elegir entre candidatos, sino a construir un proyecto político y social capaz de enfrentar la corrupción, el oportunismo y la dependencia económica.

El camino, sin embargo, aún no está claro ni asegurado. El escenario político continúa abierto y marcado por fuertes contradicciones sociales, económicas e ideológicas.

En medio de este escenario, amplios sectores consideran que ninguna de las opciones electorales representa verdaderamente los intereses de la clase trabajadora ni garantiza cambios estructurales para el país. La corrupción, el oportunismo, las traiciones políticas y la subordinación al gran capital continúan presentes en casi todo el espectro político.

Por ello, para muchos ciudadanos, el problema ya no consiste únicamente en elegir entre el primer o segundo lugar, sino en cuestionar la legitimidad de un sistema electoral que consideran agotado y distante de las necesidades populares.

Desde esta perspectiva, el voto viciado aparece como una forma de rechazo político consciente frente a una democracia representativa en crisis. No se trata simplemente de desinterés o apatía, sino de expresar desacuerdo con opciones que no generan confianza ni representan una transformación real del país.

Sin embargo, el verdadero poder del pueblo no radica únicamente en el acto electoral, sino en su capacidad de organización, conciencia y movilización. Sin organización popular, sindical y política, cualquier cambio seguirá limitado por los intereses del gran capital y de las élites tradicionales.

La historia demuestra que los problemas estructurales del país no se resolverán únicamente mediante elecciones, sino mediante la construcción de una fuerza social consciente, organizada y capaz de defender los intereses de la clase trabajadora.

Por ello, frente a la corrupción, el oportunismo y la crisis del sistema político, algunos sectores plantean:

Ni corrupción ni populismo.

Abajo la farsa electorera.

¡Voto viciado!

El poder del pueblo está en su organización.

INTRODUCCIÓN

Las ollas comunes surgen en el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, cuando la población con trabajos eventuales y sobreexplotada deja de percibir ingresos debido al encierro obligatorio para protegerse del contagio. En estas circunstancias, se vieron en la necesidad de organizarse entre vecinas y retomar el trabajo comunitario para conseguir los insumos y preparar el menú diario para las familias. Inicialmente, compartieron lo que cada una tenía en su casa: una aportaba cebolla, otra arroz, etc.; es decir, unieron esfuerzos para poder alimentar a las familias, satisfaciendo así una necesidad básica y fundamental, así como un derecho humano inalienable.

Este esfuerzo de articulación y generación de esfuerzos, relaciones y acciones comunes para enfrentar el problema del hambre y la desnutrición llegó a un momento de formación y consolidación de las ollas comunes en asentamientos humanos y barrios populares. Se vieron entonces en la necesidad y en condiciones de apelar al Estado por una atención de emergencia, lo cual dio sus frutos con la promulgación del Decreto Legislativo N° 1472, para ser atendidos por Qali Warma y no ser socorridos únicamente por la ayuda humanitaria y privada.

Posteriormente, alcanzaron la Ley N° 31458, que reconoce a las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad y financiamiento.

En los años posteriores al COVID-19, cuando se fueron paliando sus efectos mortales y dañinos para la vida y la salud de la población, la economía del país restableció su dinámica regular en fábricas, mercados y servicios. Las familias volvieron a sus negocios y trabajos en calles, mercados y paraderos. Con el tiempo que estos trabajos demandan, desde trasladarse de sus barrios a sus centros laborales y las horas largas y extenuantes de trabajo, un número considerable de familias dejó de depender de las ollas para alimentar a sus familias.

La continuidad de las ollas radica en que esta organización es la única que permite la alimentación de familias en pobreza extrema y vulnerables. También las ollas ayudan a los casos sociales de los barrios donde funcionan. La población vulnerable atendida por las ollas comprende ancianos, niños, adultos mayores, madres viudas, solteras y niños huérfanos.

Se pueden señalar 3 momentos de las ollas comunes:

Durante 2020: Surgen y funcionan gracias a donaciones privadas y entre las propias vecinas. En octubre llega el apoyo del gobierno, pero era insuficiente debido a que el SISFOH estaba desactualizado. Ese año la pobreza monetaria llegó al 30.1% de la población del país. El diálogo con el MIDIS posibilitó que, pese a no tener reconocimiento legal, las ollas recibieran presupuesto del Estado.

Inicio de 2021: Las ollas viven la apertura económica y el fin del confinamiento obligatorio. Algunas ollas cerraron, otras se fusionaron; la población vuelve a insertarse en la economía informal y va dejando el trabajo social. MIDIS implementa Canasta Perú e identifica 2,177 ollas comunes en Lima que atendían a 155,887 personas. Este año las ollas luchan porque se declare la emergencia alimentaria para destinar recursos específicos para las ollas comunes. Se aprueba la ley, pero los resultados prácticos no fueron los esperados.

A partir de 2022: Se da una tercera etapa del desarrollo de las ollas comunes. Dada la crisis, el precio del menú sube de 2 a 2.50 soles. Empiezan a recibir alimentos del MIDIS a través de Qali Warma. En 2022 y 2023, el Gobierno aportó S/. 3.70 por ración por día.

Para el año 2024, el MIDIS disminuyó el presupuesto destinado a la alimentación en las ollas comunes a S/. 2.20 soles.

Para el presente año, las ollas comunes se han incorporado al PCA y, al equiparar su presupuesto al de los comedores populares, significa una pérdida mayor de presupuesto real que pasó a ser de S/. 1.69 soles.

1. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS COMENSALES DE LAS OLLAS COMUNES

De un estudio reciente de 2024, tomando una muestra del total de socios y beneficiarios, se encontraron los siguientes resultados: 91% son mujeres y el 9% varones. Estos datos muestran el papel y rol de la mujer en el hogar y el barrio.

Según categorización por edad, el mayor porcentaje de beneficiarios son los adultos cuyas edades fluctúan entre 27 y 59 años (41%), siguen los niños de 6 a 12 años con el 18%, el tercer grupo en importancia son los adolescentes de 13 a 17 años con el 13%, los adultos mayores representan el 11%, los jóvenes de 18 a 26 años representan el 10% y, finalmente, los infantes de 0 a 5 años representan el 7% como el menor grupo poblacional beneficiario.

Los grupos demográficos atendidos por las ollas son los siguientes: el 43% de los comensales son convivientes, 34% solteras/os y el 23% casados. Por ejemplo, para el 2023, del universo de comensales, solo el 11% estaba en condición de empleada/o, 11.4% con trabajo independiente (comercio ambulatorio, etc.), 14.3% con trabajo ocasional (pintores, carpinteros, etc.), 14.3% amas de casa, el 48.6% sin trabajo, sumados los hijos de estas familias, ancianos y enfermos.

En cuanto a los ingresos familiares, no han mejorado sustancialmente en los últimos años. Los que perciben el sueldo mínimo vital de S/. 1,030 sobreviven en sus hogares. Los desempleados, subempleados y casos sociales viven lo peor para sobrevivir.

En cuanto al nivel educativo de los beneficiarios de las ollas comunes: 31% tiene secundaria completa, seguido por 11% con primaria incompleta, 9% no posee ningún nivel educativo, asimismo 6% tiene nivel educativo superior completo y 9% superior incompleto.

Cabe señalar que el nivel de educación desempeña un papel crucial en la capacidad de brindar mejores condiciones para que las personas puedan obtener un salario más alto y satisfacer de mejor manera las necesidades de sus familiares.

2. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Un estudio en San Juan de Lurigancho de 2023 arrojó que 33% se encuentran ubicadas en locales comunales de la agrupación familiar respectiva, 9% están ubicadas en vía pública y el 7% en área verde.

Esta situación ha cambiado a la fecha con la entrada del PCA, promoviendo que ninguna olla común funcione en espacio público, calle, pasaje o área verde; les han dotado de cocinas y utensilios.

3. CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN

La canasta entregada se redujo drásticamente. En lugar de 12 productos, muchas ollas reciben solo 4 a 6, limitando gravemente su capacidad para ofrecer alimentación adecuada.

Por ejemplo, a una olla le entregan: 200 kg de arroz, 18 litros de aceite, 32 kg de bofe o 32 kg de pollo, 40 kg de menestras (lentejas, frejol castilla o frejol canario).

Antes entregaban para el desayuno: avena, leche, aceite para frituras, fideos, atún.

Para el MIDIS, dado su enfoque de complementación alimentaria, considera dar solo 9 productos básicos que tuvieron variaciones por las compras realizadas por el gobierno; por ejemplo, sustituir leche por clara de huevo deshidratada.

En 2023, las ollas comunes con el apoyo de entidades especializadas (Centro Internacional de la Papa, etc.) llegaron a concluir que para una alimentación saludable calcularon la composición y el costo de una canasta de alimentos saludable.

4. FINANCIAMIENTO

En los primeros momentos de la pandemia, las ollas no cobraban por el menú, pues contaban con donaciones que permitían atender los almuerzos. Esta situación cambió pasada la época del COVID-19, por lo cual las ollas establecieron un precio al menú, manteniéndose gratuitas las raciones para los casos sociales.

Estos cambios se deben a los desafíos económicos y logísticos que han ido enfrentando las ollas comunes.

En la actualidad, lo que les asigna el PCA no cubre todos los ingredientes que requieren para preparar los almuerzos, por lo cual lo que perciben por los menús cubre las compras de los ingredientes e insumos que el Estado no provee.

También se han desarrollado experiencias de «recuperación de alimentos», que consiste en la separación de los productos perecibles de los mercados, para lo cual de madrugada un grupo de señoras sale para regresar con víveres para el almuerzo.

También se han dado donaciones por parte de la SUNAT, empresarios privados, etc.

También siguen haciendo ocasionalmente, cuando hay problemas de salud, polladas, picaronadas y actividades similares.

5. SIGNIFICADO DE LA OLLA PARA LOS COMENSALES

Del estudio en San Juan de Lurigancho, se obtuvieron los siguientes resultados:

Ahorro económico: La mayoría ve en la olla común una manera de obtener alimentos nutritivos, especialmente en tiempos de bajos salarios y dificultades económicas causadas por la pandemia del COVID-19.

Facilitador de oportunidades: Algunos consumidores ven la olla común como una oportunidad para «comer más saludable», así como un espacio «para socializar y estar informado».

Oportunidad para usar óptimamente el tiempo: El tiempo que no se destina a cocinar puede ser usado para estudiar, trabajar y generar ingresos para sus familias.

6. VALORIZACIÓN DEL TRABAJO NO REMUNERADO EN LAS OLLAS COMUNES

El trabajo cotidiano de las madres de las ollas comunes es invisibilizado. Es un trabajo abnegado, sacrificado, permanente e intenso, que no es reconocido ni valorizado por la sociedad.

Incluye la limpieza del local, compra de alimentos, preparación, servir el menú, dejar limpia la cocina y utensilios para nuevamente volverlos a usar al día siguiente.

En horas, son 6.70 horas en promedio por madre lo que dedican al trabajo de la olla común.

7. ORGANIZACIÓN DE LAS OLLAS

Desde su inicio, empezaron con un grupo de madres que lideraron la iniciativa hasta dar forma a sus directivas, con el nombre de Presidenta a la dirigente principal.

Se articularon en lo que se denominan redes y le dieron organicidad, logrando su reconocimiento ante la autoridad local.

Por ejemplo, en el distrito de San Juan de Lurigancho existe una Red de Ollas Comunes del distrito, la cual ha tenido capacitaciones y esta organización ha sido la gestora de sus luchas para el reconocimiento de las ollas comunes, conquistar la atención primero a través de Qali Warma y hoy vía el PCA.

En el proceso de organización de las ollas, por el lado de los municipios se promovieron otras organizaciones.

En San Juan de Lurigancho, por ejemplo, a la fecha están en la Red de Ollas Comunes de SJL un 30% y la diferencia (70%): un grupo está con el municipio y la diferencia no pertenece a ninguna organización.

A nivel de Lima Metropolitana, a partir de algunas redes distritales, se constituyó la Red de Ollas de Lima Metropolitana.

La Red de Ollas de Lima Metropolitana es una organización de tercer nivel de carácter metropolitano que cuenta con 18 redes distritales afiliadas:

• Lima Norte: San Martín de Porres, Carabayllo, Ancón, Comas, Independencia, Puente Piedra, Santa Rosa
• Lima Este: El Agustino, San Juan de Lurigancho, Ate y Cieneguilla
• Lima Sur: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chorrillos y Pachacámac
• Lima Centro: El Rímac y Cercado

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana cuenta con un estimado de 719 ollas comunes afiliadas a nivel de Lima Metropolitana.

8. REGISTROS Y COBERTURA

Datos incompletos y descoordinación: A más de un año y cuatro meses de iniciada la pandemia, ni el MIDIS ni la Municipalidad de Lima habían logrado consolidar un registro completo y actualizado de ollas comunes. Muchas municipalidades no completaron la plataforma habilitada, lo que impedía monitorear si los alimentos llegaban realmente a las ollas activas o a ollas fantasma. Esto ha empezado a ser resuelto este año 2025 con la implementación del PCA.

Lima Metropolitana concentra el mayor número de ollas comunes del país. Registros oficiales y de prensa especializada las ubican por encima de 2,300–2,500 en distintos momentos recientes.

La Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana ha identificado unas 2,371 ollas comunes que alimentan a alrededor de 250,000 familias, lo cual se corrobora según entrevistas de El Comercio, que arroja que en Lima funcionan más de 2,300 ollas comunes, atendiendo a más de 240,000 personas.

Protección legal y transición al PCA: La Ley N.º 31458 (2022) reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base. Desde el segundo semestre de 2024, las municipalidades vienen asumiendo la distribución de alimentos como parte del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) del MIDIS (capacitaciones, padrón y suministro); antes, esta responsabilidad estaba única y directamente en manos del MIDIS.

9. CONDICIONES OPERATIVAS Y SOCIALES

Desabastecimiento persistente: En varias ollas comunes se viene denunciando en ocasiones falta de insumos y alimentos.

Déficit nutricional y anemia infantil:

• En 2023, según el Colegio de Nutricionistas, en Lima existen aproximadamente 2,500 ollas comunes, con el 23% de los comensales siendo menores de 5 años. Muchos comedores carecen de alimentos nutritivos, lo que expone a los niños a riesgo de anemia y desnutrición.
• A nivel nacional, solo 4 de cada 1,000 menores con anemia logran recuperarse, lo que muestra la poca efectividad de los programas actuales.

La Defensoría recomendó ajustar la modalidad de distribución del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) por indicios de ineficiencias y riesgos de corrupción; y un operativo de la Contraloría (14 ago. 2025) reportó baja ejecución de programas alimentarios en más de 190 municipios, con riesgos para comedores y ollas.

10. INFRAESTRUCTURA Y APOYO INSTITUCIONAL

Informes de la Defensoría del Pueblo:

Supervisión abril 2025: De 991 ollas comunes supervisadas, el 72.5% no recibió apoyo municipal para mejorar equipamiento, y el 95.4% carece de mejoras en infraestructura. También se identificó una gran proporción de adultos mayores beneficiarios (71.1%), y más del 28% son menores de 17 años. Además, dos de cada diez ollas comunes deben aportar hasta S/. 150 adicionales por ración para cubrir costos.

Informes anteriores (2021–2024): En 2021, un significativo porcentaje de municipalidades (68%) no habían entregado las canastas básicas destinadas a las ollas comunes; solo el 25% registró formalmente estas iniciativas. Muchas funcionaban en condiciones precarias, sin agua potable y sin infraestructura adecuada.

11. AVANCES RECIENTES (2024–2025)

Incorporación al PCA y financiamiento: A inicios de 2025, se informó que 1,760 ollas comunes en Lima Metropolitana (91%) obtuvieron reconocimiento como centros de atención del PCA. Esto les garantiza un presupuesto continuo —más de S/. 601 millones, con S/. 19 millones destinados específicamente a ollas comunes— así como la entrega de 4,944 kits de cocina y utensilios.

Capacitación e innovación con biohuertos:

• Desde mayo de 2020, la Municipalidad de Lima, a través de un programa de «Biohuertos para ollas comunes», ha beneficiado a 94 ollas comunes en 11 distritos, capacitando a miles de personas en implementación de biohuertos y compostaje, generando cosechas de hortalizas para autoconsumo.
• Otra fuente reporta que, desde ese mismo programa, se han ejecutado 179 talleres en 281 ollas comunes, beneficiando a 8,322 familias, con 1,290 biohuertos domésticos, 83 comunitarios y múltiples composteras, recuperando toneladas de residuos y transformando espacios en huertos productivos.

12. IMPACTOS POR LA INFLACIÓN Y AUMENTO DE PRECIOS

El alza en el costo de los alimentos llevó a muchas ollas comunes a reducir sus raciones o eliminar componentes nutritivos como carne o pollo, presionando aún más su funcionamiento.

La inflación y crisis económica incrementaron la dependencia de estas instancias comunitarias: se calcula que 6.8 millones de peruanos no consumen alimento durante un día o más, y se estima que Perú tiene la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica.

13. SITUACIÓN DE LAS OLLAS COMUNES EN DISTRITOS CON MAYOR CONCENTRACIÓN HISTÓRICA

San Juan de Lurigancho (SJL) y Villa María del Triunfo (VMT) encabezan de forma consistente los listados. Registros y reportajes previos los ubicaron en el tope metropolitano (con cientos de ollas y decenas de miles de beneficiarios); SJL y VMT aparecen como los más cargados también en los mapas georreferenciados.

Otros distritos con alta densidad: Pachacámac, San Juan de Miraflores, Carabayllo, Villa El Salvador, Comas, Ate.

Ejemplos de magnitudes históricas por distrito (referenciales):

• VMT: 398–401 ollas; ~43 mil beneficiarios (registro/mapeo 2021)
• SJL: 359+ ollas; ~42 mil beneficiarios (registro/mapeo 2021). (En reportes posteriores, SJL aparece aún como el distrito con más ollas)
• Pachacámac: ~219 ollas; ~21.7 mil beneficiarios (2021)
• San Juan de Miraflores: ~162 ollas; ~15.8 mil beneficiarios (2021)

Importante: desde 2023–2025 varios distritos han aumentado y/o depurado su padrón al migrar al PCA.

Condiciones por distrito: infraestructura, desabastecimiento y apoyo

Infraestructura y equipamiento (tendencia metropolitana): La Defensoría evidenció falta de inversión municipal en equipamiento (7 de cada 10 ollas) y carencia de mejoras en locales (9.5 de cada 10) en la última supervisión, patrón que también describe Lima Metropolitana.

Desabastecimiento focalizado: Lima Sur: denuncias recientes de no entrega de alimentos e insumos a 97 ollas y 50 organizaciones por parte de la municipalidad competente (jul.–ago. 2025). Útil como alerta para distritos como VMT, SJM, VES, Pachacámac, Lurín.

A nivel metropolitano, organizaciones y prensa reportan que las raciones no alcanzan o llegan con intermitencias, obligando a la autogestión (actividades para comprar alimentos).

Apoyo municipal y transición al PCA: 2023–2024: en Lima, el presupuesto para ollas fue asumido por la Municipalidad de Lima en etapas, mientras el MIDIS facilitó la incorporación al PCA (formación, trámites, priorizaciones en distritos como Pachacámac, Rímac, Pucusana, Lurín, SJL). Esto impacta la regularidad del abastecimiento por distrito.

14. BALANCE GENERAL PRELIMINAR

Fortalezas:

• Avances en integración al PCA con financiamiento y kits de cocina
• Iniciativas innovadoras de biohuertos y compostaje que promueven la autosuficiencia y sostenibilidad
• Ley que reconoce formalmente a las ollas comunes como organizaciones sociales de base

Debilidades:

• Falta de un registro unificado y actualizado: aún hay ollas comunes no identificadas o sin información georeferenciada
• Desabastecimiento recurrente y suministro irregular de insumos
• Déficits en infraestructura y equipamiento que comprometen la salud y eficiencia operativa
• Alta carga administrativa y financiera sobre las mismas organizaciones de mujeres, muchas de ellas sin apoyos estatales claros

Datos a nivel nacional

De manera panorámica, podemos señalar lo siguiente en cuanto a deficiencias en la logística, presupuesto y gestión que se han manifestado durante los años que tienen las ollas funcionando:

La Defensoría supervisó 2,616 comedores populares y 991 ollas comunes que atienden a más de 200,000 usuarios en todo el país (Defensoría, 08/07/2025).

En el caso de ollas comunes:

• Solo 27.5% recibió apoyo municipal para mejorar equipamiento; el 72.5% no tuvo ayuda en ese aspecto (Gestión 08/07/2025)
• Respecto a la infraestructura, el 95.4% no recibió acciones por parte de los gobiernos locales (Defensoría, 08/07/2025)
• En términos de población atendida: 71.1% son adultos mayores, y más del 28% son menores de 18 años
• Al menos 2 de cada 10 ollas comunes deben cubrir adicionalmente hasta S/. 150 diarios por su cuenta para costear las raciones

En cuanto a resultados sanitarios asociados a nutrición infantil:

• Las regiones con mayores aumentos de anemia en niños de 6 a 35 meses entre 2023 y 2024 son: Puno (76%), Loreto (62%), Apurímac (58.7%), Madre de Dios (56.3%) y Huancavelica (55.1%) (Defensoría 08/07/2025)
• La desnutrición crónica infantil (menores de 5 años) alcanza un máximo de 24% en Huancavelica al 2024
• Al 2024, el 72.7% de los hogares peruanos tenía deficiencias en el acceso al agua segura (fuera de redes, sin continuidad o mala cloración)

15. PRÁCTICAS RELEVANTES

A lo largo de estos 3 últimos años, también se han dado prácticas que merecen resaltarse y tomarse en cuenta para seguir mejorando la atención, apoyo y desarrollo de las ollas comunes.

a) Fortalecimiento de capacidades y seguridad alimentaria (World Vision, USAID y PMA)

Un proyecto liderado por World Vision Perú, en alianza con USAID y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), capacitó a voluntarias de ollas comunes en:

• Preparación de menús nutritivos utilizando insumos económicos y ricos en vitaminas
• Gestión eficiente de porciones
• Manipulación segura de alimentos conforme a normas sanitarias

Por ejemplo, la lideresa de la olla común «Nuevo Amanecer» en San Juan de Lurigancho destacó cómo ahora priorizan verduras y menestras sobre arroz básico, logrando mayor calidad nutricional en cada plato.

b) Programa «Ollas que Desarrollan» (Alicorp + ONG Juguete Pendiente)

Esta iniciativa fortalece las ollas comunes multifacéticamente:

• Entregas de alimentos y productos básicos: atún, pastas, aceites, entre otros
• Equipamiento: cocinas, utensilios, balones de gas
• Capacitación en gestión y emprendimiento: finanzas, contabilidad, nutrición, marketing
• Apoyo a emprendedoras: producción y venta de papas rellenas o mermeladas, como fuentes de ingreso que refuerzan la sostenibilidad de sus ollas

c) Agricultura urbana y recuperación de alimentos (REDOPA + FAO)

La Red de Ollas Comunes de Pachacámac (REDOPA), con respaldo técnico de la FAO, desarrolló:

• Cocinas mejoradas que reducen la contaminación por humo
• Huertos comunitarios para acceso directo a hortalizas frescas
• Gallinas ponedoras que contribuyen con proteína animal
• Brigadas de recuperación de alimentos desde mercados y chacras, recolectando más de mil toneladas de productos que de otro modo se hubieran desperdiciado

Gracias a estas prácticas, REDOPA también impulsó ordenanzas municipales sobre recuperación de alimentos, posteriormente convertidas en políticas públicas nacionales, y fue reconocida con el Premio a la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA).

d) Iniciativas tecnológicas y sostenibles («Ollas Sostenibles»)

El proyecto Ollas Sostenibles, liderado por Oliver Ramírez, implementó una solución ambiental innovadora:

• Instalar biodigestores que producen biogás y reducen el consumo de GLP
• Beneficio directo a ollas comunes en distritos de Lima y Junín, alcanzando a más de 600 personas y beneficiando indirectamente a otras 2,400

e) Programas de alimentación saludable y asesoría sanitaria (Asociación UNACEM)

A través del Programa de Alimentación Saludable y Segura, la Asociación UNACEM brindó:

• Talleres y materiales educativos sobre nutrición y seguridad alimentaria
• Teleorientación y asesoría para ollas comunes, promoviendo prácticas saludables en zonas rurales de Pachacámac, con planes de replicación regional

f) Normativa municipal que promueve buenas prácticas

La Ordenanza Técnica N° 001-2022-PCM-SGP de Lima Metropolitana establece una serie de directrices clave para ollas comunes:

• Registro geolocalizado actualizado
• Capacitación nutricional en colaboración con universidades y municipalidades
• Fomento de la autosostenibilidad
• Recetarios saludables y monitoreo
• Acceso a premios como el «Premio Violeta Correa»
• Participación en el Consejo del Sistema Alimentario de Lima Metropolitana (CONSIAL)

A MODO DE CONCLUSIONES

Las ollas comunes han sido un mecanismo clave para enfrentar crisis sociales, pero no sin enfrentar múltiples barreras: desde la desorganización institucional hasta la precariedad económica y la falta de una gestión eficiente. Aunque siguen siendo esenciales para la seguridad alimentaria, requieren atención urgente y mejoras estructurales para ser sostenibles.

Sobre las buenas prácticas y experiencias:

Estas buenas prácticas reflejan cómo las ollas comunes han evolucionado desde respuestas de emergencia hacia estructuras sostenibles, empoderadas y resilientes. A través de capacitación, incubación de emprendimientos sociales, innovación medioambiental y fortalecimiento institucional, han logrado garantizar una alimentación digna y reforzar el tejido social comunitario.

Peligros

La división entre lideresas por la intromisión de autoridades puede debilitar la existencia y funcionamiento de las ollas comunes.

La presencia de entidades privadas de cooperación ha tenido un rol de apoyo a las ollas comunes desde sus momentos iniciales de organización en la pandemia. Asimismo, pueden ser barreras para el desarrollo de la organización y conciencia política autónoma de las organizaciones de ollas comunes.

Interrogantes

¿Por qué no se fusionan las ollas comunes con los comedores, en la medida de su capacidad de preparación de alimentos por infraestructura, etc.? ¿Acaso no es importante en la gestión pública la eficiencia y la eficacia del gasto, a fin de llegar a más sectores vulnerables y/o mejorar la calidad los servicios?

¿Qué hacer frente al ninguneo a los representantes de las ollas comunes y comedores populares por parte de la mayoría de Alcaldes, en los Comités de Gestión, toda vez que esta instancia tiene un rol clave en la ejecución, supervisión y control social del programa a nivel local?

¿Los problemas y vicios, por decir de alguna forma a la corrupción existente en la base y en las alturas, en los vasos de leche y comedores populares, fatalmente serán reproducidos en las versiones de ollas comunes de entregarse directamente los vales para la compra de alimentos, pues la manipulación de las Organizaciones Sociales de Base  por parte de las autoridades locales, siguen siendo el lugar común en nuestra democracia chicha, corrupta y en crisis?

ANEXO

REGISTRO DE OLLAS COMUNES EN LIMA METROPOLITANA

DISTRITO	TRANSITADAS	BENEFICIARIOS	EN PROCESO	INACTIVO	CANCELADOS	ACTIVADAS
ANCON	32	2168	1	2	17
ATE	62	3475		2	9	5
BARRANCO					1
BREÑA	2	85		1	1
CHACLACAYO	13	973			6
CHORRILLOS	20	1417		5	16
CIENEGUILLA	57	4984			12
COMAS	170	11721	2	17	84	2
CARABAYLLO	131	8812		23	24
EL AGUSTINO	17	1222			7
INDEPENDENCIA	96	6911			94
JESUS MARIA							SIN REGISTROS
LA MOLINA					5
LA VICTORIA							SIN REGISTROS
LIMA CERCADO							SIN REGISTROS
LINCE							SIN REGISTROS
LOS OLIVOS					1
LURIGANCHO CHOSICA	161	10392		18	16	14
LURIN	20	1359			7
MAGDALENA DEL MAR							SIN REGISTROS
MIRAFLORES							SIN REGISTROS
PACHACAMAC	97
PUCUSANA	9	598			7
PUEBLO LIBRE
PUENTE PIEDRA	62	446			26	18
PUNTA HERMOSA	12	700	1		9
PUNTA NEGRA	1	51			2
SAN BARTOLO	3	159				1
SAN BORJA							SIN REGISTROS
SAN ISIDRO							SIN REGISTROS
SAN JUAN DE LURIGANCHO	399	21274		154	224
SAN JUAN DE MIRAFLORES	62	3207	3	4	137	18
SAN LUIS
SAN MARTIN DE PORRES	21	1311		3	16	2
SAN MIGUEL							SIN REGISTROS
SANTA ANITA							SIN REGISTROS
SANTA MARIA DEL MAR							SIN REGISTROS
SANTA ROSA	61	3624		8	53	2
SANTIAGO DE SURCO	1	86
SURQUILLO	1	116
VILLA EL SALVADOR	13	1360			19	6
VILLA MARIA DEL TRIUNFO	255	17960		13	138	20
	1778	104411	7	250	931	88

FUENTE: MANKACHAY PERÚ – OLLITA PERÚ

Allá por las postrimerías de los años 80, me uno a un grupo de políticos,  profesionales, dirigentes obreros y estudiantes que habían constituido un Centro de Asesoría Financiero, Económico y Legal – CEFEL, un  organismo alternativo a las ONG de la pequeña burguesía liberal y del revisionismo kruschovista; no solo diferente y alternativa al reformismo por la concepción frente a la lucha reivindicativa y política de los sindicatos obreros, sino porque su forma de gestión y funcionamiento, no estaba emparentada en las típicas ong, financiadas por organismos de cooperación internacional y del socialimperialismo y sujetas a sus objetivos y concepciones.

CEFEL se asumía como un organismo generado por la lucha de clases respondiendo a los intereses, reivindicaciones y objetivos históricos de la clase obrera y sus integrantes proveníamos de la corriente marxista -leninista, de sus núcleos organizados.

Sindicatos de diversas ramas de la producción y servicios, fueron apoyados en la formulación de sus pliegos de reclamos, defensa de sus derechos laborales y sindicales, buscando que desarrollen su conciencia y movilización autónoma, como proletarios con conciencia de clase, independientemente de la clase capitalistas y patronales, que no están interesados en luchar contra la explotación de la mano de obra de los trabajadores sino únicamente entregarles migajas para aliviar su situación de esclavitud asalariada.

Su formación, trabajo y desarrollo de CEFEL se ubica antes del shock del 93 y la situación generada posteriormente, cuando el Gobierno de Fujimori emite leyes orientadas a favorecer a los capitalistas para adecuarse al nuevo contexto económico, financiero y político inspirados en las recetas del Consenso de Washington.

Ya para ese entonces se vivía en el mundo dentro de la ofensiva burguesa imperialista a raíz de la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, cuyas repercusiones en nuestra patria no se dejaron de sentir.

Por el lado de la intelectualidad democráticaen el país, tomaron una postura derrotista, repitiendo teorías burguesas y pequeño burguesas de los centros académicos y politicos de Europa y Norteamérica sobre la importancia y el papel de la clase obrera en el mundo presente, renunciando abiertamente a la teoría y concpeción marxista en todos sus aspectos.

Ya no era -para ellos, la fuerza productiva principal de las riquezas de la tierra, sino que pasaban a segundo plano por la presencia de los inventos y procedimiento en base a los inventos de la ciencia y tecnología, que explicaban -según ellos- la producción y el acrecentamiento de los bienes y servicios y por ende de la riqueza de la sociedad.

A renglón seguido concluían que ya no era necesario organizar a la clase obrera para la lucha de clases, ni menos aun organizar la revolución proletaria; segun ellos se trataba de profundizar, recuperar, humanizar la democracia.

En el plano sindical, la conciliación o colaboración de clases, en el plano político la concertación, la gobernanza, fueron algunos de los “nuevos” postulados de los partidos antaño de izquierda y de las entidades ligadas a ellos o cuando menos influenciadas.

Ideas, teorías y prácticas que han llevado a la situación actual del movimiento obrero y popular, es decir a la pérdida de su papel y perspectiva histórica para transformar la sociedad y su desmovilización, dispersión y blanco de la más feroz explotación y opresión capitalista e imperialista.

Promoviendo el frente único, como debe ser uno de los pilares y principios del sindicalismo clasista, asesoramos a un conjunto de sindicatos y federaciones, en la organización de su pliego de reclamos, en sus denuncias y reclamos ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de pactos y convenios o vulneración de sus derechos sindicales y laborales.

En esos años del fujimorismo arreciaba el cierre de fábricas, los despidos masivos y la conculcación de los derechos laborales y sindicales y la persecución a dirigentes obreros y revolucionarios y destrucción de las organizaciones de base, con el pretexto del «terrorismo.»

Y paralelamente, leyes a favor de los capitalistas, para adecuarse a las nuevas condiciones de la pentración del gran capital, la venta o regalo de las empresas y activos del Estado.

La situación cada vez mas apremiante en cuanto a las condiciones económicas, políticas y laborales bajo la implementación del programa neoliberal del fujimorismo, probablemente, nos golpeó internamente de alguna manera, que no pudimos continuar como al comienzo.

Lo escrito no es ni un ápice de lo luchado y vivido en esa experiencia, que merece un trato mas sistemático y de todas las partes involucradas para dar cuenta de una aproximación mas completa y viva del trabajo de asesoría política y sindical de orientación proletaria marxista-leninista en la década del 90.

Independientemente de alguna ideología aprendida y asumida, o tal vez en los albores de éstas[i], en algún momento empecé a no estar de acuerdo con regalar ollas o alimentos a la madre en su día, porque ello es afirmar, mejorar, reforzar su condición y rol en el hogar y la sociedad, un ser a la orden del marido y los hijos y para la sociedad.

Sin embargo, lo que piense es invisible, de peso nulo en el contexto de la sociedad moderna de consumo en la que vivimos. Pero con esa creencia me he mantenido hasta hoy.

A mi madre solía regalar un par de medias de nylon con la junta de pequeñas propinas que acumulaba.

De la escuela o el colegio eran las tarjetas elaboradas en cartulina, manualmente, como se decía, con escarcha, rosas dibujadas y mucho cariño e intención de agradar a la madre y que me diera un abrazo indescriptible de amor y ternura.

Como pocos, yo tengo (tuve) padrinos de nacimiento, de bautismo, de confirmación y de matrimonio.

Max Avencio Nuñez y Raquel Solís de Nuñez, fueron mis padrinos con quienes tuve mayor relación, afecto e influencia. Abogado él, ama de casa ella, apristas ambos para quitarse el sombrero.

En la imagen (puerta principal de la Municipalidad Distrital de Canta), yo frisaba los entre los 7 y 8 años.

Por alguna razón que desconozco viajamos en alguna oportunidad no festiva del lugar, a Canta, mi madre y mi madrina. Lindos recuerdos.   Esta foto sin fecha, pero con palabras al dorso, dicen:

Ya desde antes que tuviera uso de razón era un devoto mas del Niño Mariscal Chaperito, y que recuerde para todos los 7 de setiembre hacíamos el peregrinaje emocionado de Jauja a Canta. estas fotos son de aquellos años de devoción y ensueños.

Hace unos días estuve nuevamente por esa tierra linda, de gente amable, sencilla, generosa y sana. Por ello estas memorias a propósito de un segundo domingo más de Mayo.

Esta vez viaje con los compañeros y compañeras de trabajo, como un pequeño descanso y también abordar planes institucionales.

En mi barrio actual, luego escribiré en el grupo de wasap:

“Saludos a las madres del barrio, que la atención, cariño y reconocimiento que hoy han tenido, se prolongue siempre y cotidianamente”

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[i] Mi infancia, niñez y juventud lo viví en el contexto de luchas sindicales y políticas, bajo el Gobierno Militar, la formación del SUTEP y sus repercusiones directas en la prédica y habla de maestros, estudiantes y padres de familia y de yapa mi hermana ya en la UNCP y los primeros libros de Lenin

«Las organizaciones resultan de la aplicación de la racionalidad a la actividad social humana. (…), estos sistemas sociales se caracterizan por su capacidad de unir a una motivación generalizada, una gran especificación de los comportamientos requeridos.» (Diagnóstico organizacional, Darío Rodríguez M., Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002)

Estás ideas o está definición de organización social hay que reflexionarla en contextos determinados y para grupos sociales específicos, y que ayude a entender sus giros y sentidos de las organizaciones y quienes la promueven y conducen.
Tres décadas atrás, cuando el neoliberalismo no se había asentado completamente en la economía, la política y la sociedad, las organizaciones sociales tenían mayor consistencia y presencia en el país. El movimiento popular, el movimiento obrero, el movimiento vecinal, entre otros, podían llamarse así pues tenían existencia y norte propio.

El triunfo completo del Fujimorismo con la Constitución del 93 y las ideas del libre mercado, aunado al «salvense quien pueda», el reemplazo de las consignas del derecho al trabajo, a la vivienda, etc. por el el exitismo (individualista por excelencia) a todo nivel, el cambio del enfoque de la gestión pública como servicio a la comunidad por el enfoque del gerenciamiento , etc. ha llevado a influir en el campo popular debilitando la cohesión interna de la organización y sus comportamientos.
Actualmente, las agrupaciones familiares ( antaño asentamientos humanos) más allá de gestionar el título, los servicios, el equipamiento comunal como banderas reivindicativas ahora lo asumen como algo que se debe comprar y pagar a como de lugar, y para ellos se puede hacer de lado el trabajo común, la solidaridad o el esfuerzo comunal, se requiere solo que la gente pague la cuota, asista a la reunión y la faena a riesgo de no hacerlo y someterse a pagar la multa de 50 soles.
La racionalidad que alude el autor está presidida por el valor del dinero.
La capacidad de unir a la gente viene dado por las necesidades barriales a atender.
Hoy en día, los comportamientos de dirigentes y lideres, casi independientemente de su discurso y buenos deseos, se manifiestan en su capacidad de gestionar (léase contratar los servicios, trabar relación con autoridades y operadores políticos), antaño era tener un discurso y una propuesta por organizar, educar y movilizar por banderas reivindicativas de cambio y transformación.

En el plano barrial, frente a sus necesidades concretas: alimentación, vivienda, algun servicio básico, infraestructura urbana (escalera, muro, etc.) se activan y desactivan en lo que dura lograr el cometido o fracasar en el intento. No hay una mirada o esfuerzo por mirar el horizonte y tejer mayores relaciones que posibilite avanzar mas alla de lo cotidiano y elemental.

Finalmente, las organizaciones, de protagonistas de la movilización social y la lucha reivindicativa y política han recalado en ser instrumentos de la compra y venta de servicios y clientes de cuanto político les ofrece contratar sus servicios bajo diferentes modalidades, dependiendo la ocasión.

El 1º de Noviembre, fui a visitar a mis padres, él en el Presbítero Maestro, ella en El Angel.

Así como la fotografía puede ayudar para el análisis de situaciones, momentos, personajes, visitar un cementerio es también una fuente de información, detalles de personajes, ciudadanos y hasta la misma tumba o lápida (o hasta su estado de conservación o descuido) te puede sugerir alguna conjetura del por que tal o cual cosa o de quien tal o cual hecho.

Aquí algunas ocurrencias (mías por supuesto).

Inmarcesible como la roca, la vida y pensamiento de Manuel Gonzáles Prada, así luce su tumba para todos que quieran visitar a nuestro primer crítico de la lacerante realidad peruana de la época contemporanea.

Constructor del Ferrocarril Central del Perú, el mas alto en el mundo (no sé si tiene ese lugar en la actualidad).

La Avenidad por la que estan tendidas sus rieles en la Capital, de Lima al Callao, también llevan su nombre.

Mausoleo majestuoso, también con su figura en alto, pareciera continuando los homenajes -después de muerto- a Felipe Santiago Salaverry. ¿Quién o quiénes habrían sido de la idea de semejante mausoleo? ¿Por qué?

Con similar idea de portento, grandeza y perennizando su nombre, éste es el mausoleo personal de José de la Riva Aguero y Osma.

Tumba de Ricardo Palma, imponente, sobria, elegante. ¿Quién no ha leido o al menos escuchado algo de sus tradiciones peruanas?

Y acá yace un homónimo de nuestro gran José María Arguedas Altamirano.

General Luis M. Sánchez Cerro en una tumba que enaltece su logro presidencial y obras, suponemos. Un jarrón (de la derecha) ¿roto?, ¿robado?, ¿perdido? y fue a causa de otro motivo, vaya uno a saber, casi casi imposible de investigar.

Luis Alberto Flores Medina, ministro de Gobierno y Policía, presidente del Consejo de Ministros, del Presidente Sánchez Cerro. Hombre poderoso y temido por tirios y troyanos. Asi luce su tumba sin su jarron, por alguna razón seguramente no amigable.

Como pocos otros casos de personajes históricos, son los amigos, correligionarios y al último sus familiares, los que le erigieron ese mausoleo personalísimo.

Tumba de Ernesto Malinowski, al igual que el recuerdo a su obra y nombre que tiene a la espalda del Ministerio de Salud, junto a otros de sus compatriotas, muestra el cuidado y dedicación en conservarlo y resaltarlos estos monumentos por la Embajada Polaca y aprecio permanente con sus conciudadanos. Todo un ejemplo en ese sentido. En esta ocasión, una ofrenda floral a uno de los padres de la ingeniería peruana.

Aqui yace José Carlos Mariátegui, «nuestra nueva luz de América», en palabras de Henri Barbusse.

Al costado yace su esposa, casi siempre imperceptible. Podría alguna `mala lengua´ decir que esta a un lado no tan visible o destacado porque el principal es el varón, el amauta, el ideólogo, ella era solo su pareja, una mujer.

«Anna Chiappe Viuda de Mariátegui (1898-1990) fue una ciudadana italiana radicada en Perú, viuda de José Carlos Mariátegui, y conocida por ser la impulsora de su obra: 

En 1975 recibió la condecoración Orden «El Sol del Perú» en el Grado de Oficial.

Fue la compañera de Mariátegui desde 1921 hasta su fallecimiento en 1930. 

Fue Directora de la Librería Minerva de Barranco y Regidora de la Municipalidad de Barranco, en Lima.»  (Fuente Wikipedia)

«El chino», pero él si de los buenos chinos. Juan Velasco Alvarado. No imaginaba que aun de muerto, personas, sencillas, comunes y corrientes, como el que escribe, lo tengamos presente y nos diéramos un tiempo de visitarlo, mirar su tumba y mostrar nuestro aprecio y admiración por su gobierno y la obra inconclusa, tarea pendiente de los peruanos dignos de hoy y mañana.

Mauselo de alguien quien en vida se apellidaba Oquendo. ¿Qué ha pasado con ese mauselo, fue por un terremoto, alguien robo, ya no tiene familiares que le recuerden ¿¿¿¿???????? Asi seguro hay cientos o miles de casos en todo sitio por inimaginables razones o causas.

No podia quedarme sin un recuerdo fotográfico de 3 de mis favoritos personajes que en vida fueron pensadores, autoridades y cuyas ideas me han desasnado y cuyas obras no deberían quedar en el olvido.

¡Vivan los muertos que viveron dignamente!

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos desde su fundación (no recuerdo que año), ha sido crisol de ideas, teorias, investigaciones, estudios, formaciòn de profesionales buenos, de medio pelo y malos y también ha tenido y tiene una innegable proyección en la escena nacional, en todos los campos.

Por los años 90 en la Facultad de Ciencias Sociales, que yo recuerde, se dieron a conocer diversas publicaciones en forma de revista, una de ellas fue UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD.

Acá un par de números para el conocimiento de las nuevas y antiguas generaciones.

Me abstengo de opinar sobre su contenido, por esta vez o de catalogarla politicamente en tal o cual vertiente. Lo dejo para mas adelante.

Espero que disfruten de sus artículos.

https://drive.google.com/file/d/1Oa4gMMmaN_-uSBxDDPmFqTmVrBPe9Gxw/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bvXK-xReNA6fIH6mWbZtwPDiecw2yEJL/view?usp=sharing

Cada año, en octubre, rememorando al gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se encrispan las pasiones, y llama la atenciòn el odio viseral de ciertos sectores ¿oligarquicos? ¿oligarcas en ruinas?.

Sin las reformas de Velasco y las transformaciones realizadas en la economía, sociedad, educación, cultura y política, miles, SI MILES DE PERUANOS (o a la fecha millones) que hoy poblan Lima y otras grandes ciudades estarían en sus lugares de origen, a lo largo y ancho de la sierra y la costa agroexportadora.

Muchos profesionales y políticos (que solo han aprendido a terruquear) que hoy se aupan al poder -independientemente de su color, apellido, origen- estarían como sus padres, abuelos o bisabuelos, encerrados en las haciendas, bajo el látigo y el oprobio, sin la posibilidad de ascenso social y presencia en la escena nacional.

La jugada maestra de la granburguesia y el imperialismo, de hundir al Gobierno de Perú Libre en diciembre del 2022, luego hacer ascender a la primera figura y responsabilidad gubernamental a una traidora, oportunista; nos indica la capacidad de liderazgo y estrategia de la derecha encabezado por el Fujimorismo y sus aliados, para conservar el poder político y económico.

Esa derecha política supo copar al Gobierno de Castillo, un tipo finalmente inexperto, mediocre y traidor – igual que su sucesora-, y hoy Ejecutivo y Kongreso, al alimón, tienen las riendas de un país con hambre, sicariato, desorden y crisis institucional a mas no poder.

Pero su estrategia maestra, no termina aquí. Ya se ven atisbos de querer identificar como IZQUIERDA a todo lo que viene sucediendo desde Julio del 2021, para así presentarse a las próximas elecciones como una fuerza o fuerzas políticas (sus fieles aliados) limpios de polvo y paja de todo el desastre y ruina que hoy vivimos lo más de 30 millones de peruanos.

No se detendrán ante nada ni ante nadie, para desplegar su arsenal propagandístico macartista, antiperuano y patriotero, buscando lavar la mente de la gente y pretendiendo borrar de la memoria ciudadana, todos sus actos antidemocráticos, vendepatrias y asesinos, como los 70 peruanos muertos, que hoy nadie dice nada ni investigan.

No caigamos en ingenuidades de que respetarán el juego democrático o las instituciones, cuando se vean rebosados por las protestas populares o sientan peligrar su triunfo electoral. El secuestro al ex Presidente Castillo, fue «argumentado» en artimañas legales (mejor dicho ilegales) gracias al poder del dinero, las fuerzas armadas y partidos mercenarios anidados en el Kongreso, y la prensa adicta a los poderosos.

Solo la educación política, organización, unidad y lucha de los trabajadores levantando una propuesta reinvindicativa y transformadora, serán la garantía para salvar al Perú de todas las fuerzas delincuenciales que hoy azotan el pais desde el interior del Estado y fuera del Estado.

El primero alemán, el segundo y tercero peruanos; J.D. autodidacta, J.C.M. autodidacta, J.M.M. académico.

Joseph nació el año 1828, José Carlos el año 1894 y José nació el año 1921. Cada uno perteneció a distintas épocas, realidades particulares y generaciones diferentes.

Dietzgen fue obrero y filósofo materialista autodidacta, Marátegui fue escritor, periodista, político y filósofo marxista autodidacta y Matos fue antropólogo​, etnólogo, investigador y catedrático.

El primero escribió sobre filosofía y economía y participó del movimiento obrero; el segundo escribió además de filosofia, sobre política, educación, cultura y desarrolló actividades partidarias; el tercero se dedicó a investigaciones sociales y actividades académicas.

En el mundo académico, intelectual y científico que se desarrolla fundamentalmente en universidades y centros de estudio e investigación, tienen sus propios cánones en cuanto al llamado quehacer científico, con sus propios formatos, standares y criterios de publicación de artículos, ensayos, investigaciones.

A ese mundo académico perteneció José Matos Mar, ahí desarrolló su vida intelectual y cultural y produjo sus investigaciones y publicaciones.

En el campo popular y socialista, que desde otra óptica bien podría catalogarse de «informal», por no estar determinado por títulos, certificados y diplomas conferidos por institución educativa y/o científica oficial, se encontraría la producción teórica y práctica de Joseph Dietzgen y José Carlos Mariátegui.

Sin embargo, particularmente nuestro Amauta, a entrado por la puerta grande al espacio académico, científico y político y no solo del Perú sino a nivel internacional. De manera análoga, para el movimiento socialista de la Europa progresista, Joseph Dietzgen está presente, a pesar de las decenas de años transcurridos.

En las universidades cuando se trabaja una tesis, hay que tener un marco teórico, exponer el enfoque en el cual sustentarás tus indagaciones y resultados, y otros aspectos de la A a la Z a tener en cuenta para llegar a tener tu grado o título, dependiendo del nivel de estudios que realizas.

Lo que quiero dejar en claro, que esta forma de conceir y practicar la investigación no es la única ni la mejor forma de producir conocimientos, como por lo general -al menos entre los jovenes estudiantes- podrían escuchar, pensar y asumir en su vida futura.

No todo artículo, libro, producción científica, valedera, verdadera, «objetiva», tiene que estar marcada por los parámetros de entidades de producción académica dominantes. Por ejemplo, el libro más conocido y leido de Matos Mar «Crisis del Estado y desborde popular», con varias ediciones, no se precia precisamente por mostrar su marco teórico, sus hipótesis, las citas de un o mil autores a lo largo de sus páginas, etc., etc. lo cual no lo hace de menor calidad y validez científica a cualquier otra producción ajustada a esos elementos preestablecidos por la academia.

Otro tanto podemos afirmar sin tapujos de la basta y trascendental producción de Mariátegui.

Alguna vez escuché en las aulas universitarias, -algo incómodo para mi- que una aseveración, por demás evidente, trivial (para quienes conocemos medianamente el mundo urbano popular) como ello de que la gente invade los cerros o compra sus lotes en esa zona periférica y riesgosa del territorio de una ciudad como Lima, es por falta de recursos económicos para hacerlo en otra parte urbanizada de a gran urbe, como una de sus fundamentales causas, y que para escribirlo, afirmarlo tal cual tendría que poner la referencia, el autor que sustenta dicho fenómeno.

Leamos a José Carlos Mariátegui, a Joseph Dietzgen y como ellos también a decenas de autodidactas en la literatura latinoamericana y mundial, que no tuvieron que estudiar en la Universidad para pensar y crear, para escribir y proponer soluciones al status quo sobre bases sólidas, concretas y reales o ser expresiones importantes de la cultura popular, asi como para no tener que ponernos camisas de fuerzas, para investigar, conocer y trabajar por hallazgos, inquietudes intelectuales y prácticas o aportes para adentrarnos a trabajar en ese sentido.

Investigar, claro que si, poniendo en juego nuestro enfoque o enfoques, o teoría o teorías, modos de ver las cosas, utilizando una metodología o complementando varias, siendo pulcros y éticos en el proceso de producir alguna manifestación escrita de tal o cual problema o fenómeno que estamos interesados o nos concita estudiarlo para saber el cómo, dónde, por qué y para qué.

No perder la coherencia, amplitud, creatividad y consecuencia en todo estos procesos, y así podremos contribuir a conocer para transformar.

«Carlos Marx hizo una mencion elogiosa de las ideas económicas de mi padre en el prefacio a la segunda edición del primer tomo de El Capital; también lo visitó en Siegburg.«

«En su opúsculo de gran interés Ludwig Feurbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Federico Engels explica la esencia de la dialéctica y agrega: «Y esta dialéctica materialista que desde años era nuestro mejor instrumento de trabajo y nuestra arma mas afiliada, fue, cosa sorprendente, descubierta no sólo por nosotros, sino además, independientemente de nosotros e incluso de Hegel, por un obrero alemán, Joseph Dietzgen.»»

Eugen Dietzgen¹

1. LA ESENCIA DEL TRABAJO INTELECTUAL Y OTROS ESCRITOS, Joseph Dietzgen, Editorial Grijalbo, S.A., México, D.F., 1975 ↩︎